En el cuarto día del Grupo de Trabajo se discutió el alcance del futuro tratado: ¿cuáles empresas y cuáles derechos?

A lo largo del cuarto día de reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos la discusión sobre el alcance del tratado volvió a girar en torno a los mismos temas que concentraron el debate el año pasado: ¿cuáles empresas estarán obligadas a cumplirlo? ¿Cuáles derechos humanos serán protegidos por el instrumento?

Para Sudáfrica, equiparar las empresas nacionales a las transnacionales en el tratado sería “una parodia de justicia”, toda vez que estas últimas tienen la capacidad de evadir su responsabilidad legal a través del cambio constante de jurisdicción. Además, el vacío jurídico que existe actualmente es la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a las empresas transnacionales.

Otros Estados que de manera explícita o implícita se manifestaron a favor de la focalización del tratado en las transnacionales fueron Cuba, Indonesia, Paquistán y Venezuela. Bolivia y Brasil se refirieron a la dificultad de definir con precisión a las transnacionales, a lo que Rusia añadió que sería extremadamente complicado diseñar estándares unificados para un tipo de empresas que ni siquiera están definidas.

La delegación de Ecuador anotó que la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, que dio origen al Grupo, contiene orientaciones claras al respecto pues habla de “empresas transnacionales y otras empresas”. Aunque no está claro si esta es una alineación con la postura que expresó el lunes la Unión Europea en el sentido de que el tratado abarque a todas las empresas, es evidente que la dinámica de los Estados ha cambiado durante la discusión.

Las organizaciones de la sociedad civil también presentaron diferentes perspectivas. CETIM y la Red-DESC coincidieron en que la regulación de las transnacionales debe ser prioritaria en el futuro tratado, aunque la Red precisó que dejar por fuera a las empresas nacionales puede incentivar a las transnacionales a reajustarse para no ser cobijadas por el instrumento, lo que dejaría una laguna en el marco jurídico internacional. El CETIM, por su parte, se hizo eco del argumento de algunos Estados en el sentido de que el tratado debe enfocarse exclusivamente en las transnacionales, pues las empresas nacionales y estatales ya están regidas por las leyes locales.

En contra del argumento acerca de la dificultad para definir a las empresas trasnacionales se pronunciaron los panelistas Khalil Hamdani, de la Lahore School of Economics en Paquistán, y Carlos Correa, del South Centre, quien hizo referencia a otros instrumentos, como los Principios Rectores de la ONU o la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, que abordan el problema de las transnacionales aun sin proporcionar una definición precisa.

El mismo orador sostuvo, frente al alcance del tratado en materia de protección de los derechos, que es necesario superar el debate de cuáles son las “violaciones flagrantes” toda vez que el instrumento debe incluir todo tipo de violación de los derechos humanos consagrados en las convenciones y pactos internacionales y dejar la puerta abierta a la inclusión de nuevos desarrollos, como el tratado sobre los derechos de los campesinos.

Ecuador respaldó esta posición y argumentó que la definición del alcance del tratado en cuanto a los derechos protegidos no debería ser difícil si se basa en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil hicieron referencia, específicamente, a necesidad de incluir la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, los trabajadores y del derecho al agua.

La Unión Europea, que participó activamente en las discusiones sobre el tema tanto el año pasado como el lunes de esta semana cuando se dio inicio a la sesión, no hizo uso de la palabra. Sí intervino, en cambio, en el panel de la tarde en el que se discutió la prevención, reparación, rendición de cuentas y acceso a la justicia.

Los participantes compartieron opiniones sobre la implementación de los Principios Rectores y su relación con la elabaroación de un instrumento vinculante. Lene Wendland, consejera sore empresas y derechos humanos para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó el proyecto “Rendición de cuentas y reparación” a través del cual la Oficina busca reforzar los sistemas legales locales para que sean capaces de responder de manera integral en casos de violaciones de derechos humanos relacionadas con la acción de las corporaciones.

La Unión Europea reiteró la importancia de basar el tratado en la observancia de los Principios Rectores. En el mismo sentido se pronunció México, que además puso de relieve la importancia de definir las responsabilidades de las transnacionales antes de negociar el contenido del tratado. Sin embargo, expertos, Estados y ONG coincidieron, a lo largo de la sesión, en que la implementación no es el único aspecto problemático de los Principios, que carecen de previsiones en materia de acceso a la reparación o de evasión de impuestos. El instrumento vinculante debería proporcionar esas medidas complementarias de protección.

Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas, indicó que el tratado brinda una posibilidad única para determinar el marco legal de la cooperación en asuntos legales y judiciales. López añadió que el instrumento puede nutrirse de las disposiciones sobre cooperación interestatal de la Convención de la ONU contra la Corrupción y tomar como referencia el Protocolo Opcional de la Convención de los Derechos del Niño, que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas.

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