Obligaciones de las corporaciones en materia de derechos humanos: instrumentos internacionales y enfoques de responsabilidad jurídica

La tercera jornada del Grupo de Trabajo sobre Transnacionales y otras Empresas y Derechos Humanos continuó con el tema principal de la sesión de ayer, relativa a las obligaciones y responsabilidades de las transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. En particular, durante la mañana los panelistas invitados hicieron un repaso de los ejemplos de instrumentos internacionales que abordan las obligaciones de los actores privados.

La apertura la llevó a cabo la Sra. Kromjong, secretaria general de la Organización Internacional de Empleadores, que nombró algunos de los instrumentos reguladores, como los contemplados por la OCDE y la OIT, o los Principios Rectores de la ONU, pero sobre todo recalcó que son los Estados los responsables de garantizar los derechos humanos, sancionar e investigar los abusos y reparar los daños. En ese contexto, las empresas pueden contribuir a esa tarea de los Gobiernos, pero no tienen la obligación de hacerlo.

Ecuador se opuso a esta visión: para ellos, los actores no estatales están concernidos por los estándares internacionales de derechos humanos según lo estipulado en diferentes instrumentos legales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Sra. Vera Luisa Da Costa e Silva, secretaria general del Convenio Marco para el Control del Tabaco, afirmó que la industria del sector ha creado obstáculos y ha hecho cabildeo para que las reglamentaciones nacionales no se cumplan.

La representante de la OIT explicó los tres tipos de instrumentos con los que cuentan en su organización que, además de proteger a los empleados, velan por los derechos humanos y potencian el crecimiento económico.

Una vez más llamó la atención la alta participación de los países latinoamericanos. En este caso, fueron los únicos que tomaron la palabra durante la sesión, junto con Sudáfrica. India se mantuvo en silencio aun cuando ha sido destacado como uno de los pocos Estados que cuenta con un defensor (ombudsman) en materia de responsabilidad social empresarial.

La delegada de Cuba creyó conveniente que el Grupo de Trabajo estudie en profundidad los instrumentos que ya existen y recalcó la importancia de que el tratado cuente con un mecanismo de verificación que evalúe periódicamente si las compañías respetan los derechos humanos, una propuesta respaldada por Bolivia y por representantes de la sociedad civil. La Red-DESC, por ejemplo, declaró que el tratado debería establecer un sistema de rendición de cuentas internacional que respaldara la operación efectiva de los sistemas nacionales y regionales.

Venezuela expresó su preocupación respecto a las indemnizaciones. El nuevo instrumento no debería dejar espacios abiertos que permitan a las transnacionales evadir sus responsabilidades.

Sudáfrica enfatizó las nefastas consecuencias que provocan las industrias de extracción y las sistemáticas violaciones que se han hecho en las tierras de los indígenas en todo el mundo. Es fundamental que se consulte a las comunidades para la redacción del documento, que debe incluir también las bases del Convenio Marco para el Control del Tabaco.

En su intervención, la Red-DESC, en nombre de más de 60 de las organizaciones que la conforman, se refirió a los múltiples casos de Estados en los que la Constitución reconoce la obligación legal, e incluso la responsabilidad penal, de los actores no estatales con respecto a los derechos humanos.

La abogada Nomonde Nyembe, quien participaba en el panel, también hizo énfasis en el poder que tienen las constituciones para asegurar que las corporaciones transnacionales sean responsables en materia de derechos humanos.

Es de resaltar que la atención hoy ya no estuvo puesta sobre Brasil, que había estado en la mira los dos primeros días de esta reunión del Grupo de Trabajo. Su situación interna fue discutida en un evento paralelo al que asistieron tanto ONG locales como la delegación brasilera.

La sesión de la tarde estuvo consagrada a la discusión de los enfoques para determinar la responsabilidad civil, administrativa y penal de las corporaciones.

El panelista Richard Meeran, socio de Leigh Day & Co, resaltó que, aunque el deber de cuidado se impone en la acción de las corporaciones, es necesario establecer pruebas que permitan medir el respeto efectivo de la diligencia debida. Para conseguirlo se requiere contar con un mecanismo de regulación dotado de recursos suficientes para recabar la información.

La abogada Nomonde Nyembe, del Centre for Applied Legal Studies, destacó a su vez que en la asignación de la responsabilidad de las empresas debe considerarse el enfoque de género y tener en cuenta la afectación diferencial que sufren las poblaciones vulnerables, como los niños y las personas mayores.

Para la jurista Michelle Harrison, de Earth Rights International, un eventual tratado debe reafirmar que las corporaciones son legalmente responsables “como personas naturales” y que deben asumir también las acciones de sus empleados, agentes y subcontratistas. Harrison indicó que, para la elaboración del instrumento, la Convención de la ONU contra la Corrupción es un modelo valioso de rendición de cuentas.

Durante las intervenciones de los Estados hubo más participación de países no latinoamericanos, como Etiopía, Namibia y Palestina. Sin embargo, el discurso de Ecuador sobresalió pues puso de manifiesto que el tratado es una “oportunidad histórica” para “corregir los errores” que se cometieron en negociaciones anteriores en las que se excluyó de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

Al final de la sesión, la embajadora de Sudáfrica, Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, afirmó que debe ser claro que el objetivo de estas discusiones no es juzgar a las empresas. “No es fácil para ellas adquirir una conciencia moral: si fuera así, ya lo estaríamos viendo”, concluyó.

Carolina Pardal Belinchón, RIDH http://ridh.org/