La diplomacia logra un acuerdo en el quinto y último día de sesión del Grupo de Trabajo

El último día de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos empezó con un panel en el que se debatió el acceso a la reparación y concluyó con la adopción del reporte de la sesión. Aunque esto último no suele ser más que una formalidad en este tipo de reuniones en la ONU, la posición de algunos Estados condujo a una breve tensión diplomática.

Rusia propuso adoptar el reporte “ad referendum”, es decir, aceptarlo con la salvedad de que durante los próximos 14 días los Estados puedan transmitirle sus contribuciones a la presidenta de la sesión, quien debe actualizar el reporte, terminar el texto y presentarlo al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2017.

Sudáfrica, por su parte, respaldó la adopción “ad referéndum”, pero propuso un cambio importante (que se señala entre corchetes en la siguiente cita) en la recomendación A (inciso c), en la que se establece: “La Presidenta-Relatora debe preparar un nuevo programa de trabajo [y un borrador de texto para comenzar las negociaciones del instrumento legalmente vinculante] basado en el primer y segundo periodo de sesiones del Grupo de Trabajo y debe presentar ese texto antes del tercer período de sesiones para su debate”.

En un movimiento extraño en la actual coyuntura política internacional, Rusia y la Unión Europea se alinearon en contra de Sudáfrica y anotaron que el tercer párrafo operativo de la resolución 26/9, que dio origen al Grupo de Trabajo, ya otorga a quien ejerza la presidencia del grupo el mandato de preparar “los elementos para un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante a fin de emprender las negociaciones sustantivas sobre el tema al comienzo del tercer período de sesiones del grupo de trabajo”, que se celebrará en 2017.

Inmediatamente después, la presidenta del Grupo concedió una pausa de cinco minutos que Rusia solicitó para tratar de concertar un acuerdo entre los Estados concernidos.

Al retomar el debate, la presidenta propuso incluir en el borrador del reporte una referencia al propósito de la tercera sesión, tal como se establece en el tercer párrafo operativo de la resolución 26/9, citado anteriormente.

El debate reflejó la importancia que Sudáfrica otorga al proceso de la negociación del tratado y la reticencia de algunos Estados que privilegian la implementación de los Principios Rectores. Ojalá que la celeridad con la que se solucionó el impase de hoy sea un buen presagio para los arduos debates que inevitablemente tendrán lugar durante la tercera sesión del Grupo de Trabajo.

En el panel de discusión de la mañana se abordó el tema del acceso a la reparación, que ya había sido tratado durante la semana. Los panelistas añadieron nuevos temas al debate, como la dificultad de establecer reparaciones judiciales en contextos en los que no hay separación de poderes o la falta de confianza en las cortes nacionales. Al respecto, México preguntó si los mecanismos no judiciales podrían ser una alternativa para asegurar que las víctimas accedan a la reparación. La panelista Claudia Müller-Hoff, del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, indicó que estos mecanismos suelen ser más efectivos como medida complementaria de los procedimientos judiciales, aunque pueden ser más accesibles para las víctimas que los mecanismos internacionales.

Etiopía y Namibia expresaron su preocupación por la falta de recursos a nivel local, especialmente de capacidad tecnológica para la recolección de evidencia. Los panelistas, y posteriormente representantes la sociedad civil, subrayaron que para que se haga justicia es necesario invertir la carga de la prueba.

Otra panelista sostuvo que el tratado debe contemplar que los daños al medio ambiente sean justiciables, una posición que fue respaldada por Bolivia con el argumento de que los Estados deben invertir muchos de sus recursos para limpiar los daños de las transnacionales, lo que afecta su derecho al desarrollo. Organizaciones de la sociedad civil, como el CETIM y el Legal Resource Centre, coincidieron en que el tratado debe incluir la protección de este derecho.

Otras ONG mencionaron temas clave para la sociedad civil, como el levantamiento del velo corporativo, que permite que las casas matrices de las transnacionales no respondan por los actos cometidos por sus empresas subsidiarias. Se sugirió que el tratado reconozca a las transnacionales como grupo empresarial, de manera que las casas matrices deban responder por los actos corporativos del grupo cuando se cometan violaciones de derechos humanos.

Beth Sephens, profesora de la Rutgers-Camden Law School, planteó la posibilidad de que el tratado establezca un comité que se encargue de las denuncias, toda vez que la puesta en marcha de una corte internacional civil o penal tomaría demasiado tiempo.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos tomó la palabra para informar que el acceso a la reparación será el tema principal del informe que presentará a la Asamblea General el próximo año. De igual manera, alentó a los actores concernidos a presentar comunicaciones sobre este tema ante el Grupo.

Luego de la adopción del reporte, la presidenta del Grupo de Trabajo Intergubernamental cerró esta segunda sesión con una cita de Martin Luther King Jr.: “La moral no se puede legislar, pero la conducta se puede regular. Con un decreto no se puede cambiar un corazón, pero sí se puede contener a quien no lo tiene.”

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