Historia

Cronología de acontecimientos clave en la lucha por establecer un sistema internacional de rendición de cuentas para los abusos de derechos humanos a manos de las empresas:

1972-1992

Desde la década de 1970 ha habido esfuerzos concertados para desarrollar sistemas internacionales vinculantes para regular a las empresas por sus violaciones de los derechos humanos. Las revelaciones de que ITT Incorporated estaba coludiéndose con la CIA para planear un golpe militar en Chile impulsaron que en 1972 se establezca una Comisión sobre Empresas Transnacionales y un Centro sobre Empresas Transnacionales.

Por más de una década, durante las reuniones de la Comisión hubo esfuerzos para crear un Código de conducta sobre empresas transnacionales (ETN). Una vez que el texto estuvo listo en 1990, en 1992 hubo resistencia de algunos Estados ante la idea de que ellos tendrían la obligación de ratificar el código y aplicarlo en su país. Esto marcó el final de la tentativa de establecer un sistema de normas vinculantes a través de la Comisión de Empresas Transnacionales. Las actividades del Centro sobre las Empresas Transnacionales en última instancia fueron transferidas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

1998-2004

En 1998 la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, un organismo subordinado de la entonces Comisión de Derechos Humanos (sustituido más adelante por el Consejo de Derechos Humanos), estableció un grupo de trabajo "para examinar los efectos de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos". En 1999, este grupo de trabajo conjunto estableció un código de conducta. En la renovación del mandato del grupo de trabajo de la Subcomisión en 2001 la resolución requería que el grupo de trabajo analice y elabore las normas para el establecimiento de un mecanismo de supervisión que aplicaría sanciones a las empresas transnacionales cuando sea apropiado".

En 2003, la Subcomisión aprobó las normas establecidas por el grupo de trabajo y las remitió a la Comisión de Derechos Humanos para su consideración y aprobación. Las normas diseñaban un sistema internacional "no voluntario" de regulación para violaciones de los derechos humanos a manos de las empresas. Fueron ampliamente apoyadas por la sociedad civil, pero tuvieron una fuerte oposición por parte del sector empresarial. En particular, la Organización Internacional de Empleadores y la Cámara Internacional de Comercio se refirieron a las normas como "contraproducentes".

En 2004 la Comisión de Derechos Humanos agradeció a la Subcomisión por su trabajo, pero en última instancia hicieron referencia a las normas diciendo que no tenían "ningún estatus legal", lo que frustró el segundo intento importante para aprobar un sistema internacional de normas vinculantes para regular las violaciones de derechos humanos a manos de las empresas.

2005-2011

En 2005, el entonces Secretario General de la ONU Kofi Annan nombró al profesor John Ruggie (autor principal del ‘Pacto Mundial’ voluntario del año 2000) como el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales (RESG). Al final de su primer mandato el RESG propuso el marco de ‘Respeto, Protección y Remedio ' ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su reunión de junio de 2008.

Al final del segundo mandato del Representante Especial, en junio de 2011, presentó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos, que se dijo permitirían poner en práctica el marco presentado en 2008. Los Estados del Consejo no se opusieron a los Principios Rectores, aunque recibieron fuertes críticas de organizaciones de la sociedad civil durante el proceso hasta la sesión de junio. En una declaración conjunta emitida después de publicarse los Principios Rectores a principios de 2011, afirmaron que "el proyecto de Principios Rectores no es una declaración legal”. En algunas áreas el borrador de los Principios Rectores toma un enfoque más regresivo hacia las obligaciones de derechos humanos de los Estados y las responsabilidades de actores no estatales antes que interpretaciones autorizadas del derecho internacional de los derechos humanos y las prácticas actuales" y "corre el riesgo de socavar los esfuerzos para fortalecer la responsabilidad y la rendición de cuentas de las empresas frente a los derechos humanos".

Avances recientes: 2013-2015

En septiembre de 2013 una agrupación de países, principalmente de América Latina, África, la región árabe y Asia (dirigido inicialmente por el gobierno del Ecuador y que incluyó al grupo africano, el grupo árabe, Pakistán, Ceilán, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú) emitió una declaración pidiendo el reconocimiento de que "cada vez más casos de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por algunas empresas transnacionales nos recuerdan la necesidad de avanzar hacia un marco legal jurídicamente vinculante para regular el trabajo de las empresas transnacionales y para proporcionar protección adecuada, justicia y compensación a las víctimas de los abusos de derechos humanos directamente resultantes de o relacionados con las actividades de algunas empresas transnacionales y otras empresas". Además, los Principios Rectores "fueron un primer paso, pero sin un instrumento jurídicamente vinculante permanecerá solamente como tal: un "primer paso" sin mayor consecuencia. Un instrumento legalmente vinculante proporcionaría el marco para una mayor acción del Estado para la protección de los derechos y para prevenir la ocurrencia de violaciones. "

En noviembre de 2013, un grupo de más de 140 organizaciones de la sociedad civil emitió una declaración conjunta pidiendo un instrumento legalmente vinculante que aborde las violaciones de derechos humanos de las empresas, que sería establecido a través de un grupo de trabajo intergubernamental abierto.

En juin 2014, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté la résolution 26/9 établissant un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé de développer un instrument juridiquement contraignant sur les entreprises et les droits humains. Le mandat du groupe de travail intergouvernemental est d'élaborer un traité pour réglementer "les sociétés transnationales et autres entreprises." La résolution, qui a été coparrainée par l'Équateur et l'Afrique du Sud, a été adoptée par un vote affirmatif de 20 Etats membres du Conseil de droits de l’homme, tandis que 13 Etats se sont abstenus et que 14 ont voté contre. Les Etats membres ont voté comme suit: Algérie, Bénin, Burkina Faso, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Éthiopie, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kenya, Maroc, Namibie, Pakistan, Philippines, Russie, Afrique du Sud, Venezuela et Vietnam (en faveur); Argentine, Botswana, Brésil, Chili, Costa Rica, Gabon, Koweït, Maldives, Mexique, Pérou, Arabie Saoudite, Sierra Leone et Émirats arabes unis (abstention); Autriche, République tchèque, Estonie, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Monténégro, Corée du Sud, Roumanie, Macédoine, Royaume-Uni et Etats-Unis (contre).

Entre mayo y junio de 2015, aproximadamente 1.000 organizaciones de la sociedad civil firmaron la declaración de la Alianza por el Tratado en apoyo a un instrumento vinculante e hicieron un llamado para que el grupo de trabajo intergubernamental (GTIG) tome medidas específicas para una entrega de protecciones de derechos humanos que prevengan y otorguen reparaciones por abusos corporativos. Este apoyo es una continuación de las más de 1.000 firmas obtenidas en 2013-14 donde se hacía un llamado para que la ONU apruebe la Resolución 26/9 y empiece a negociar estándares internacionales vinculantes más fuertes. En julio, más de 100 organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Tratado se juntaron en Ginebra para asegurar que los Estados presentes participen de buena fe durante la primera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (GTIG). Debido en parte a que la sociedad civil monitoreó los procedimientos, algunos Estados que tuvieron la intención de demorar el progreso del GTIG fueron prevenidos de hacerlo, particularmente en el primer día de la sesión.

Lectura adicional:

Washington Post  (March 21, 1972) 'Memos Bare ITT Trys for Chile Coup'. Available at: http://bit.ly/1r0Aky0 

See Generally: UN Center on Transnational Corporations (UNCTC) within the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) at: http://unctc.unctad.org/aspx/index.aspx 

UNCTAD, World Investment Report: Transnational Corporations & Integrated International Production (pages 32-33). Available at: http://unctad.org/en/docs/wir1993_en.pdf 

Weissbrodt, David (2003) 'Current Development: Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights', 97 American Journal of International Law 901, pp. 3-4.

Joint Civil Society Statement on the draft Guiding Principles on Business and Human Rights, January 2011. Available at: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Joint_CSO_Statement_on_GPs.pdf 

"Statement on behalf of a Group of Countries at the 24rd Session of the Human Rights Council", September 2013. Available at: http://business-humanrights.org/media/documents/statement-unhrc-legally-binding.pdf 

"Joint Statement: Call for an international legally binding instrument on human rights, transnational corporations and other business enterprises". Available at: www.treatymovement.com/statement